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Ley de Ordenamiento Territorial ( 2014-04-24 )

DIARIO EL UNIVERSO
Miguel Macías Carmigniani

Aunque según noticias de prensa, en mayo se presentaría el proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial, existe un anteproyecto de ley producto de la consultoría realizada con financiamiento de la Unión Europea, el cual bajo el precepto de que el territorio es de todos y que, por tanto, el gobierno del territorio y la construcción del ordenamiento territorial deben ser una responsabilidad compartida por todos; le resta a los gobiernos autónomos descentralizados como a los municipios las atribuciones que les concede la Constitución sobre el uso y ocupación del suelo.

No creo que los asentamientos informales que existen en varias ciudades del país, sean motivo suficiente para que violando la Constitución se reste competencia a los municipios. La Constitución da a los municipios y a los gobiernos descentralizados autonomía política, el poder de decidir sobre todos los asuntos que son de su competencia; administrativa, para ejecutar sus decisiones; y, financiera, para contar con sus propios recursos. El uso y ocupación del suelo es una de las principales competencias que tiene todo municipio, lo cual permite que estos planifiquen los sectores en que se divide una ciudad: zonas rurales o urbanas, residenciales, comerciales, industriales... Ese proyecto de ley crea entes reguladores (Superintendencia del Territorio y Suelo y la Junta Reguladora) que por encima de los municipios van a tener la facultad de regular el uso de suelo de todas las ciudades del país, e inclusive para sancionarlos en caso de que no cumplan las normas que estos emitan respecto al ordenamiento territorial; todo lo cual atenta contra la autonomía municipal. Si ese proyecto de ley se aprueba, los municipios van a tener que consultar a un nuevo ente regulador antes de resolver el uso de suelo de sus ciudades, su plan de ordenamiento territorial, lo cual en mi opinión es inconstitucional. A los guayaquileños nos debe preocupar lo que esos entes reguladores puedan decidir respecto de los terrenos que lindan con el Puerto Marítimo de Guayaquil, que por lógica deben servir para su ampliación cuando el caso así lo amerite.

 


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