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Mensaje contradictorio ( 2013-04-03 )

DIARIO EL UNIVERSO
Miguel Macias Carmigniani

Nuestro Código de la Producción contempla importantes beneficios para nuevos inversionistas, como es el caso de la exoneración del pago del Impuesto a la Renta durante cinco años, si esta se realiza en ciertas ciudades y en determinados sectores de la economía, aunque contraproducentemente el Servicio de Rentas Internas (SRI) mantiene el pago de anticipos a ese impuesto, y el del 5% al de Salida de Divisas.

El Gobierno debe obtener que estos impuestos se deroguen lo antes posible para poder así atraer nuevas inversiones. Los inversionistas españoles frente a los de muchos otros países tienen ventajas adicionales por el hecho de que España mantiene vigente con Ecuador un convenio para la promoción y protección recíproca de inversiones, donde se reconoce el derecho que tienen quienes negocian con el Estado ecuatoriano para acudir a arbitrajes internacionales, lo que para todo inversionista extranjero es de gran importancia.

Si nosotros no confiamos en nuestros jueces ¿cómo podemos requerir a los extranjeros que lo hagan? Si el Gobierno pretende ahora denunciar ese y otros convenios, lo cual considero un despropósito, pienso que una salida a ello pudiera ser que se aceptara que en el caso de discrepancias con un inversionista extranjero se permita que este acuda al arbitraje internacional sujeto a que se realice en Chile, Colombia o Perú bajo las reglas de la Cámara de Comercio Internacional o de la Comisión de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
El argumento del Gobierno para denunciar esos tratados, convenios o acuerdos es que nuestra Constitución prohíbe que se ceda soberanía.
Los tratados recíprocos de inversiones garantizan la no expropiación de inversiones, un pago y trato justo y equitativo, en el caso de que ello se llevara a cabo.
Entiendo que en los contratos petroleros y en los de créditos internacionales que nuestro Gobierno ha celebrado con inversionistas extranjeros, se mantiene el arbitraje internacional sujeto a que su sede esté en Latinoamérica, lo cual es de suma importancia para el Gobierno porque las medidas de nulidad se plantean en la sede donde se ha llevado el arbitraje, el cual, en mi opinión, debe ser desconectado del país donde este se realiza.

El Gobierno se ha dado cuenta de que si no acepta arbitrajes internacionales no hay inversión extranjera, por lo que al denunciar esos tratados, convenios o acuerdos y aceptar arbitrajes internacionales en otros, está enviando un mensaje contradictorio a los inversionistas extranjeros, los cuales durante los últimos cinco años apenas han invertido en Ecuador 2.247 millones, mientras que Perú captó solo en un año aproximadamente 8.000 millones y Colombia, 14.000.


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