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Ciertas violaciones a la Constitución ( 2015-07-24 )

La Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado permite en sus artículos 48 y 49 que la Superintendencia de Control del Poder de Mercado pueda requerir, a cualquier operador económico, los informes o documentos que estime necesarios a efectos de realizar las investigaciones que considere del caso; diligencia en la que sus delegados podrán examinar y obtener copias e inclusive realizar extractos de los documentos que consideren pertinentes, para lo cual no se requiere de aviso previo a la persona cuya información o documentación se solicita.

En mi opinión, esas disposiciones legales vulneran el derecho a la intimidad personal, el derecho a la inviolabilidad y al secreto de la correspondencia, y a las garantías básicas del debido proceso y a la defensa; por lo que deben ser declaradas inconstitucionales. Es también inconstitucional la facultad que se le otorga a esa Superintendencia, para realizar inspecciones sin previa notificación, en los establecimientos, locales o inmuebles de las personas naturales y jurídicas, así como para examinar los libros, registros y cualquier otro documento relacionado con la conducta investigada, de la cual los accionados se enteran al momento de la inspección (sin que se le indique cuál es la conducta investigada), pudiendo en ese acto examinar correspondencia comercial sin previa notificación y autorización judicial, ya que esta atenta contra el derecho a la inviolabilidad y al secreto de la correspondencia, la cual no puede ser retenida, abierta ni examinada, excepto en los casos previstos en la ley, previa autorización judicial.

Esas inspecciones, sin previo aviso, también lesionan el derecho a la presunción de inocencia que tenemos todos los ciudadanos y, en muchos casos, privan su derecho a la defensa; constituyendo más bien una forma de coerción administrativa. El artículo 3 del instructivo para la realización de allanamientos e inspecciones por la Superintendencia de Control del Poder de Mercado permite que si el órgano de investigación tuviere conocimiento o presumiere que en algún lugar hay información, documentos u otros objetos relacionados con la conducta investigada, este podrá sin notificación previa inspeccionarlo y examinar los libros, registros, correspondencia comercial, etcétera; lo cual también es inconstitucional porque a más de atentar contra los derechos anteriormente señalados, pone en riesgo el principio de inocencia garantizado en el numeral 2 del artículo 76 de nuestra Constitución. Estoy de acuerdo con que el objetivo de esa ley debe ser el de proteger la competencia en beneficio de los consumidores, pero no cabe que con ese pretexto se lesionen claros preceptos constitucionales; por lo que para la seguridad jurídica que requerimos, es necesario que por lo menos se declaren inconstitucionales los artículos 48 y 49 de la mencionada ley, y el artículo 3 de su instructivo.(O)

Miguel Macías Carmigniani, abogado, Guayaquil

 


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