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Impuesto a la ganancia extraordinaria ( 2017-01-23 )

De acuerdo a la Disposición Transitoria Primera de la Ley Orgánica para Evitar la Especulación sobre el Valor de las Tierras y Fijación de Tributos, el Impuesto a la Plusvalía previsto en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), que grava con el 10% sobre las utilidades que provengan de la venta de inmuebles urbanos, se aplica a la primera transferencia de los bienes inmuebles urbanos que hayan sido adquiridos con anterioridad al 1 de enero de 2017. A partir de la segunda transferencia, se grava la ganancia extraordinaria en la transferencia de bienes inmuebles con el 75% de su valor (sobre 24 salarios básicos unificados), menos las deducciones y las exenciones legales.

El aporte actual de un bien inmueble a un fideicomiso, que no tiene como actividad económica la promoción ni la construcción de viviendas de interés social, está gravado con el nuevo impuesto a la ganancia extraordinaria, antes indicada. A más de ser bárbaro y confiscatorio, en mi opinión, ese nuevo impuesto es ilegal porque se obliga a pagarlo en forma previa al otorgamiento de la correspondiente escritura pública de compraventa, ya que no existe el hecho generador del tributo, porque no hay transferencia de dominio.

Es necesario que se consulte al procurador general del Estado, para que se pronuncie al respecto.

A última hora se estableció en esa ley, que en los casos de depreciación de un predio por motivo de una obra pública, los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) deberán reconocer hasta el 50% del valor de dicha afectación, a través de notas de crédito que servirán para el pago de los impuestos municipales; y cuando se trate de una obra pública ejecutada por una institución del Gobierno central, esta deberá establecer los mecanismos necesarios para su aplicación. ¡Una de cal y una de arena!(O)

Miguel Macías Carmigniani, abogado, Guayaquil


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