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Juicio político versus juicio penal ( 2017-06-29 )

Juicio político versus juicio penal

 Jueves, 29 de junio, 2017 - 00h0

Desconozco de la existencia de pruebas que justifiquen el enjuiciamiento del vicepresidente de la República, lo cual ha sido anunciado por varios legisladores de oposición; no obstante lo cual, y en el plano meramente académico, me permito opinar lo siguiente:

Una cosa es el juicio político, para el cual se requiere el dictamen de la Corte Constitucional, el cual tiene como objetivo la destitución del cargo de tan alto funcionario público; y otra, el juicio penal, que tiene como fin sancionar con prisión el delito que este pudiera haber cometido. El juicio político no requiere de un pronunciamiento penal para su inicio o tramitación, ni viceversa. Para dar inicio al juicio político, es necesario que se anuncie la totalidad de la prueba que se presentará, acompañándose la prueba documental de que se disponga. Y esto resulta una dificultad, si todo está bajo reserva de una investigación y si los asambleístas no la obtienen directamente y por medios lícitos.

El art. 129 de la Constitución establece diversas causales para llamar a juicio político al vicepresidente de la República, a solicitud de al menos una tercera parte de los miembros de la Asamblea Nacional, entre otras: “por delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito”, pero “para iniciar el juicio político, se requerirá el dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional, pero no será necesario el enjuiciamiento penal previo”.

En mi opinión, no hay impedimento para que el juicio político se tramite simultáneamente con un juicio penal.

El art. 411 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece que la Fiscalía ejercerá la acción penal pública cuando tenga los elementos de convicción suficientes, sobre la existencia de la infracción y de la responsabilidad de la persona procesada. Recordemos que la acción penal es de carácter público, y que su ejercicio puede ser público o privado.

Toda persona que conozca que se ha cometido un delito, puede presentar una denuncia ante la Fiscalía, la cual será pública.

Están obligados a denunciar, entre otras personas, el servidor público que en el ejercicio de sus funciones conozca de la comisión de un presunto delito contra la eficiencia de la administración pública (art. 422 COIP).

Con pruebas, se puede enjuiciar civilmente o penalmente, a tan alto funcionario público; sin pruebas, no cabe el inicio de ninguna acción legal en su contra. (O)

Miguel Macías Carmigniani, abogado, Guayaquil


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