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Sobre el caso Texaco-Chevron ( 2018-09-15 )

Da vergüenza ajena leer el laudo dictado por un tribunal arbitral en La Haya, en el caso Texaco-Chevron, en el que se comprueba el grado de corrupción que existió en un juicio local, en el que se sentenció a dicha compañía a pagar la bicoca de 9.500 millones de dólares por los supuestos daños y perjuicios causados a un grupo de 49 indígenas de nuestra Amazonía.

Dicho fallo no se puede apelar y será de nefastas consecuencias para el país no solo en el campo económico, puesto que el Estado ecuatoriano ha sido condenado a pagar los gastos que ha ocasionado la defensa de la mencionada petrolera, los cuales –se anticipa– que ascenderán a varios cientos de millones de dólares, sino también por el daño moral causado a una empresa que vende más de 150 mil millones de dólares al año; y amén del daño moral que sufre el país a causa de un grupo de vivos que pretendieron enriquecerse a costa de una multinacional.

Los árbitros consideran que esta sentencia fue fraudulenta porque no la hizo el juez ecuatoriano. ¡Qué escándalo!

Un tribunal arbitral no puede disponer que se anule una sentencia dictada por un juez local, pero si quienes obtuvieron un multimillonario fallo en contra de la indicada petrolera lo ejecutan en el exterior, dicho tribunal dispuso que de ser ese el caso, responsabiliza al Estado ecuatoriano por los daños y perjuicios que ello pudiera causarle a Chevron; por lo que considero que el Estado ecuatoriano luego de pagar los gastos judiciales y los daños y perjuicios a que hubiere lugar, deberá ejercer la acción de repetición en contra de quienes obtuvieron esa sentencia fraudulenta, y contra todos los que causaron esos perjuicios. Los árbitros consideran que el Estado violó el tratado recíproco de inversiones celebrado entre Estados Unidos y Ecuador, el cual establece un trato justo y equitativo (igual al de los nacionales) para los inversionistas extranjeros. ¡El Estado ecuatoriano no debió inmiscuirse en un juicio entre particulares! Y ahora debe lograr que los culpables de ese fraude judicial sean enjuiciados y que paguen los daños y perjuicios causados, cuando sea pertinente.(O)

Miguel Macías Carmigniani, abogado, Guayaquil


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